A la luz las tensiones entre Mejía Víctores y Estados Unidos

Por Kate Doyle

(original en inglés acá, reproducido con la autorización de la autora)

El último dictador militar

Oscar Mejía Víctores, general del ejército de Guatemala y antiguo Jefe de Estado de 1983 a 1986, presidió uno de los períodos más represivos de los 36 años de conflicto civil del país. Primero como Ministro de Defensa y luego como dictador militar. Mejía murió el lunes primero de febrero de este año. Tenía 85 años.

Mejía Víctores nunca fue llevado a los tribunales por su supuesta conexión por abusos a los derechos humanos. Debido a su inestable salud en los años previos a su muerte, el Ministerio Público fue forzado a botar una acusación que tenían en contra de él por genocidio y crímenes contra la humanidad, luego que médicos gubernamentales declararon que era física y mentalmente incompetente para llevar un juicio.

Pero el mismo día que el general murió, dos militares que sirvieron bajo su mando aparecieron en una corte de Guatemala por la apertura del caso Sepur Zarco, el primer juicio a nivel mundial, llevado por una corte nacional, en contra de personas acusadas de violencia sexual y esclavitud en el contexto del conflicto armado. El juicio es uno de muchos casos de violación de derechos humanos que han avanzado en Guatemala desde el inicio de este año, señalando una reanudación de las persecuciones a grandes violadores de derechos humanos luego que en 2015 la justicia estuvo enfocada en importantes casos de corrupción.

A lo largo de su carrera, Oscar Mejía Víctores forjó su clásica figura de oficial militar lea, hombre fuerte y brutal, e intocable violador de derechos humanos.

Fue el 8 de agosto de 1983, al tomar el poder en un golpe de Estado contra su comandante en jefe, el General Efraín Ríos Montt, que se convirtió en el líder de facto del país. De acuerdo a reportes de inteligencia del Departamento de Estado, Mejía dudó en asumir el liderazgo del país pero fue persuadido a hacerlo por el poderoso Consejo de Comandantes de militares. Gobernó Guatemala con puño de acero de 1983 a enero de 1986, cuando dejó el poder luego de las primeras elecciones en las que un civil ganó la presidencia luego de 16 años de gobiernos militares.

Durante su régimen, cientos de activistas, organizadores de trabajadores, defensores de derechos humanos, médicos, periodistas, maestros y estudiantes fueron barridos por las fuerzas de seguridad en operaciones de secuestro, y llevados a prisiones militares clandestinas, torturados y asesinados en secreto. Algunas de las desapariciones fueron descritas en un documento de inteligencia militar conocido como Diario Militar, filtrado al Archivo Nacional de Seguridad en 1999. Hoy, el caso es el centro de una investigación criminal llevada por el Ministerio Público.

Mejía Víctores también estableció una red de pueblos militarizados en el altiplano rural del país, modelando lo «cascos urbano estratégicos» creados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde los pobladores mayas que huían de la destrucción de sus comunidades fueron reasentados a la fuerza.

Fue el aumento de las desapariciones forzadas bajo el gobierno de Mejía Víctores que llamó tempranamente la atención de los planificadores de seguridad de Estados Unidos. En un reporte de inteligencia considerado altamente secreto (Top Secret), escrito tres meses después que tomara el poder, la CIA notó un aumento dramático en los asesinatos y secuestros políticos. «El número de secuestros», decía el reporte, «subió de 12 en agosto a 56 en septiembre, el primer mes del mandato del Jefe de Estado Mejía». La CIA comentó que «las fuerzas de seguridad y elementos civiles de la ultra derecha están casi seguramente involucrados de manera fuerte».

La muerte como respuesta

Ante sus críticos, Mejía Víctores nunca se inhibió de ridiculizar los derechos humanos o invisibilizar a los defensores de derechos humanos con una brocha gorda. Llamó a los guatemaltecos que habían desaparecido «guerrillas», y dijo a las familias que rogaban por información sobre su paradero, que probablemente se habían ido a Cuba o a ganar dinero a los Estados Unidos. Declaró que los miembros de la organización nacional de derechos humanos GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) estaban «manipulados por los insurgentes». Creía que grupos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional apoyaban a la guerrilla, y alguna vez dijo que un miembro del Congreso de Estados Unidos que le había advertido sobre el alto número de violaciones a derechos humanos sonaba «como un miembro del EGP» (Ejército Guerrillero de los Pobres, uno de los cuatro grupos insurgentes).

Aunque Mejía Víctores nunca explícitamente aceptó que el rol de su gobierno en llevar a cabo estos abusos, dijo a un reportero guatemalteco en 2001: «Siempre hay violencia en una guerra no declarada».

Desde el inicio del régimen de Mejía Víctores, los Estados Unidos tuvo una posición ambivalente sobre su liderazgo. La administración Reagan reconoció formalmente a su gobierno el día después del golpe de Estado a Ríos Montt. Pero oficiales estadounidenses en secreto manifestaron su consternación por la llegada del antiguo Ministro de la Defensa al poder, en parte por actos de violencia cometidos meses antes, donde los intereses de Estados Unidos fueron afectados directamente.

El 9 de febrero de 1983, un empleado de la norteamericana Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y tres asociados fueron detenidos por una patrulla del ejército y llevados a la principal base militar del departamento noroccidental de Huehuetenango, donde fueron ejecutados. Los Estados Unidos presionaron a Guatemala para resolver judicialmente el crimen, sin éxito alguno.

Tiempo después que Mejía Víctores tomara el poder, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Frederic Chapin, comentó en un cable al Departamento de Estado: «Debe quedar claro a Washington que será virtualmente imposible lograr progresos en ese asunto. No sólo el (antiguo Ministro de Defensa) general Mejía Víctores fue el autor del encubrimiento; sino que los oficiales (del ejército) han cerrado filas sobre el asunto.

Las preocupaciones de Chapin fueron confirmadas a finales de ese mismo mes, cuando uno de los oficiales del ejército vinculado con los asesinatos fue promovido a teniente en una ceremonia pública donde estaba el mismo embajador. Chapin dejó el lugar en protesta inmediatamente después de la ceremonia. «El jefe de Estado», escribió a Washington, «podría muy bien habernos escupido en la cara».

El apoyo de Estados Unidos a Mejía Víctores fue puesto severamente a consideración tan solo tres meses después del golpe de Estado, en noviembre de 1983. Washington envió emisarios a Guatemala -Asistente del Secretario de Estado, Elliot Abrams, y subSecretario de Defensa, Frel Iklé- para presionar al dictador para mejorar el estado de los derechos humanos en el país. Cuatro días después, los cuerpos carbonizados de cuatro personas, entre ellos dos de los empleados de USAID, fueron encontrados en un carro abandonado. El embajador Frederic Chapin envió un cable a Washington diciendo que creía que el incidente era «una respuesta pronta» del régimen ante las presiones de Estados Unidos sobre los derechos humanos. «El tema es: ´No nos puedes hablar de esa manera; te lo demostraremos´. »

Pero Washington limitó sus preocupaciones sobre la violencia bajo Mejía Víctores a comunicados clasificados. En público -en audiencias del Congreso, conferencias de prensa y comunicados oficiales- la administración Reagan mantuvo su incondicional apoyo a Guatemala. Al mismo tiempo, Reagan estaba peleando una guerra encubierta contra el réginem Sandinista en Nicaragua, y necesitaba aliados en la región que lo apoyaran en la lucha de los Contras anti-Sandinistas.

El Salvador y Honduras ya habían recibido decenas de millones de dólares en apoyo de Estados Unidos, no sólo para oponerse a la izquierda a nivel doméstico, sino también para proveer apoyo clandestino a las contras. Guatemala, que había recibido una prohibición de parte del Congreso estadounidense de recibir asistencia militar por su enorme record en derechos humanos, era la pieza faltante en ese estratégico rompecabezas.

Para poder lograr el financiamiento a los Contras pese a las restricciones del Congreso, Estados Unidos persuadió al régimen de Mejía Víctores a firmar secretamente «recibos de consumidores finales» para armas enviadas de otros países como China y Portugal hacia Centro América. Los documentos falsos hacían ver que Guatemala era el comprador, cuando en realidad las armas fueron enviadas por el régimen guatemalteco al ejército Contra. Como quid pro quo por la cooperación guatemalteca , la administración Reagan buscó y logró donar $5 millones en equipo militar -la primera ayuda militar dada al país desde 1977.

En su acto final a cargo del gobierno antes de dejar el poder a favor del nuevo Presidente guatemalteco electo, Vinicio Cerezo Arévalo, Mejía Víctores emitió el decreto 8-86, concediendo una amnistía general a todos los oficiales del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad por los crímenes cometidos desde el 23 de marzo de 1982 (al inicio del régimen de Efraín Ríos Montt) hasta el 14 de enero de 1986, cuando su gobierno llegaba a su fin.

Aunque el mismo Mejía Víctores escapó de responsabilidad judicial, los crímenes de derechos humanos cometidos cuando fue ministro de Defensa y luego Jefe de Estado han llegado repetidas veces al escrutinio legal. En los últimos 5 años, el gobierno de Guatemala ha perseguido a paramilitares, policías, y personeros del ejército por genocidio (Ríos Montt), masacres (Plan de Sánchez, Dos Erres), y desaparición forzada (Édgar Fernando García). Ahora, luego de una calma en los casos de derechos humanos, el Estado ha reanudado las persecuciones.

En enero, el Ministerio Público acusó a dos conjuntos de oficiales del ejército por crímenes contra la humanidad en dos casos separados. En el primero, 11 hombres militares -incluyendo el ex Jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García, cuyo fallecido hermano Romero fue presidente de Guatemala en 1978-1982- fueron acusados por una serie de asesinatos y desapariciones forzadas vinculadas a las 558 osamentas encontradas por antropólogos forenses en la exhumación de una base militar en Cobán.

Durante los años ochenta, la base militar era un reducto de actividades contrainsurgentes en la región central de Alta Verapaz. Hoy en día la base es llamada Creompaz, el acrónimo en español de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, y sirve como el local donde los soldados guatemaltecos son entrenados para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas alrededor del mundo.

En el segundo caso, cuatro oficiales fueron arrestados por su supuesta conexión con la desaparición forzada de Marco Molina Theissen, de 14 años de edad, hace 35 años. El secuestro del estudiante de secundaria el 6 de octubre de 1981 se cree fue un acto de venganza llevado a cabo un día después que su hermana, Emma, escapó de una prisión clandestina en la base militar de Quetzaltenango, donde había sido mantenida por diez días, mientras era torturada y violada. Aunque la familia de Molina Theissen pasó décadas presionando al gobierno para obtener información sobre el destino de Marco Antonio, nunca fue visto de nuevo.

Finalmente, el 1 de febrero, el juicio del oficial (retirado) del ejército, Esteemer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar, Heriberto Valdez Asij, comenzó ante el Tribunal de Alto Riesgo A. Los hombres están siendo juzgados por su rol en la desaparición forzada de líderes campesinos mayas y por el abuso sexual y esclavitud de al menos 15 mujeres q´eqchi´ de 1982 a 1983 en un destacamento militar llamado Sepur Zarco, en el departamento de Izabal.

En 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) encontró que la violencia sexual era una táctica central de la guerra de los militares en contra de las guerrillas y sus supuestos colaboradores. Las conclusiones de la CEH señalan que:

la violación sexual de las mujeres, durante su tortura o antes de ser asesinadas, fue una práctica común dirigida a destruir la dignidad de la persona en uno de sus aspectos más íntimos y vulnerables. La mayoría de las víctimas de esta viola-ción fueron mujeres mayas. Quienes sobrevivieron al crimen aún enfrentan dificultades por los traumas profundos derivados de esta agresión, a la vez que las comunidades mismas quedaron violentadas por esta práctica

De acuerdo con expertos en derechos humanos, el caso de Sepur Zarco representa la primera vez que la esclavitud sexual como crimen de guerra ha sido escuchado en el mismo país donde los crímenes se dieron.

Una vez más, Guatemala ha abierto nuevos caminos en su voluntad de iniciar un procedimiento judicial contra violaciones de derechos humanos por crímenes internacionales.

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