Las pugnas por la Justicia

Por Juan Pablo Muñoz (CMI-G)

Las elecciones de las personas que ocuparán las más altas magistraturas del sistema judicial representan mucho más que un reparto de puestos. Son, fundamentalmente, un reparto de cuotas de impunidad.

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Lo que está en juego de parte de los principales grupos de poder, visibles y ocultos, es la garantía de que sus intereses serán tratados favorablemente en segunda instancia (salas de apelaciones) y en casación (cámaras de la Corte Suprema de Justicia).

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A los empresarios, el sector maquila por ejemplo, les interesa que las demandas de prestaciones laborales no prosperen. A los inversionistas, que se les proteja en sus capitales a la hora de que se judicialicen los contratos que signan. A los militares, que se entrampen los procesos seguidos contra ellos por violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas durante la época de las dictaduras. A los narcotraficantes, tener control del sistema penal; de igual forma a redes de trata de personas, venta de armas y/o lavado de dinero, y otros crímenes de cuello blanco. A los grandes evasores de impuestos, para que no se les obligue a pagarle al Estado. A los funcionarios públicos, garantías de que el sistema de pesos y contra pesos que ejerce el poder judicial para perseguir la corrupción no funcione.

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En fin, la justicia se convierte en un terreno de disputa en el que los actores poderosos quieren tener ventaja para los siguientes cinco años.

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Pero, ¿cómo hacen estos grupos de poder real para garantizarse impunidad y un trato favorable? Atacando de manera frontal la independencia judicial a través de la forma más directa: incidiendo en la designación de magistrados. Mediante corrupción, pueden comprar voluntades de operadores de justicia y obtener sentencias favorables; pero es mejor garantizarse una fidelidad incluso ideológica. Para ello deben contar con mujeres y hombres de su confianza en las salas y cámaras, con quienes tengan inclusive derecho de llave en sus despachos.

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Cinco tipos de actores participan en este alambicado sistema de designación de magistrados:

• Los grupos de poder, deseosos de garantizarse impunidad;

• Los operadores políticos, responsables de organizar estas estructuras de impunidad, bisagras entre grupos de poder y el gremio de abogados (generalmente una mezcla de abogados y empresarios);

• Abogados “figuras públicas”, activos dentro del gremio, son quienes se prestan para recoger caudales de votos (cooptan cuadros medios para hacer propaganda dentro de las instituciones públicas, universidades o sedes departamentales del Colegio de Abogados);

• Abogados oportunistas, ambiciosos y relativamente dóciles a las agrupaciones a las que se alían según sus conveniencias y/o fidelidades (principalmente por compadrazgos, búsqueda de trabajo, poder político o prestigio; generalmente conforman las listas o planillas para los distintos eventos electorales, son quienes más salen a luz);

• Abogados que votan por las distintas agrupaciones (votan con inusitado entusiasmo por sus amigos, por quienes les garantizan trabajo o por recomendaciones).

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Los grandes ausentes de este sistema son más del 75% de miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quienes sin propuesta se rehúsan a participar de este sistema corrupto. A pesar de esta terrible apatía, la cifra de votantes se seguirá incrementando, en virtud de la superlativa cifra de graduados, principalmente jóvenes, quienes deben/aspiran favores a/de los lideres de sus facultades de Derecho.

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Esta estructura es la columna vertebral de las Comisiones de Postulación que existen en el país, lo que las convierte definitivamente en un modelo inviable para la población. Desde su creación constitucional fueron pensadas tanto para garantizar la no aplicación objetiva e imparcial de la justicia, como para refrendar una fuerte dosis poder al gremio de abogados: ambos sectores salen ganando.

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Durante las décadas de 1980 y 1990, eran tan pocos agremiados que los puestos públicos podían repartirse sin mayores dificultades; había algunos cuantos abogados “prestigiosos” que tomaban todas las decisiones. En 2000, esta armonía entre los distintos cacicazgos del Colegio de Abogados se quebró: es el boom de la creación de Facultades de Derecho y de graduaciones masivas de licenciados; es, además, la entronización de la mediocridad en las escuelas de leyes. Los tradicionales abogados “prestigiosos” cedieron sus puestos a advenedizos, personajes oscuros que ascendieron en la escala social muy rápidamente, fundando oficinas jurídicas – hoy bufetes enormes – que se vendían a los mejores postores. Entre otros, estos llegaron incluso a las rectorías, decanatos y demás puestos en las juntas directivas del Colegio de Abogados.

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Las cortes se volvieron inoperantes no solamente porque de por sí están pensadas para que no cumplan con sus fines constitucionales y legales, sino porque no había más posibilidad de consensos pacíficos entre las élites: la armonía se convirtió en pugna. Surgen los diversos grupos de abogados que hoy se disputan los puestos y salen a luz pública las acusaciones mutuas de corrupción en campañas onerosas y procesos poco transparentes. De dicha cuenta, se promovió la creación de una ley que permitiera la publicidad de estos procesos. Sin embargo, hay personajes que llevan al menos 20 años participando – y estudiando – en estos procesos y conocían demasiado bien su funcionamiento… y tanto al gremio al que pertenecen como al sistema de cultura de impunidad que los cobija.

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Aunque en 2009 hubo, por primera vez, una fuerte fiscalización del proceso, había vacíos legales que les permitieron salir a flote: los representantes de los intereses espurios se entronizaron en las cortes. La única diferencia con otros procesos es que la sociedad guatemalteca pudo observa por primera vez cómo operan estos grupos de corrupción.

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El periodo 2009-2013, como ya fue expuesto en otro artículo, posibilitó que hubiera avances en el sistema judicial. La máxima expresión de ello: la posibilidad de llevar a juicio oral y público y posterior condena a Ríos Montt por el delito de genocidio.

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Sin embargo, la mayor parte de dichos avances han sido detenidos, por la vía jurídica o política.

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Como lo planteó el CMI-G en su momento, estos avances fueron detenidos a partir de una ofensiva de los sectores conservadores en el ámbito de la justicia. Esta ofensiva se concretiza en un pacto de impunidad, el cual contempla la resolución negociada de los conflictos en el seno de la Corte Suprema de Justicia ahora saliente, la elección de los actuales magistrados para Tribunal Supremo Electoral, elección de nueva Fiscal General y actualmente la elección de próximos magistrados para cortes de apelación.

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Es un proceso que debe analizarse y entenderse como un todo, como el replanteamiento estratégico de la institucionalidad pública en materia de justicia para que no vuelvan a haber sorpresas como la consecución de una sentencia desfavorable a los grupos revestidos de poder.

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Dado que el espectro de grupos de poder interesados en estas nominaciones es tan variado como las manifestaciones del crimen organizado mismo, y con el ánimo de presentar de forma sencilla el asunto, nos centraremos en considerar tres grandes fuerzas con capacidad real para incidir. Estas fuerzas son: 1) grupos ligados a sectores de capital emergente, 2) grupos ligados al partido de gobierno; 3) representantes naturales de bufetes ligados al capital tradicional.

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Grupo uno. Es el grupo liderado, en primer lugar, por el abogado y empresario Roberto López Villatoro – también conocido como Rey del Tenis –; al anterior se han aliado el abogado Juan Carlos Godínez (del grupo de Abogados de Mixco) y el ex Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Gálvez. Es el grupo con mayor experiencia para manipular comisiones de postulación. Los comisionados afines son:

Para la Comisión de Postulación de magistrados a Corte Suprema de Justicia: 13 personas. Estas personas son:

• 4 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, provenientes de la Planilla I.

• 2 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, provenientes de la Planilla III.

• 7 magistrados provenientes de la planilla I de la Corte de Apelaciones.

En la Comisión de Postulación de magistrados para Cortede Apelaciones: 12 personas. Estas personas son:

• 1 representante de los rectores de las Universidades, quien preside el proceso.

• 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia

• 3 representantes del gremio de abogados, provenientes de la Planilla I.

• 3 representantes del gremio de abogados, provenientes de la Planilla III.

Grupo dos. Es el grupo afín al partido de gobierno; se le unen la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, el actual Presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los comisionados que se deben a ellos son:

Para la Comisión de Postulación de magistrados a Corte Suprema de Justicia: 12 personas. Estas personas son:

• 4 representantes de los decanos de las facultades de Derecho.

• 4 representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, provenientes de la Planilla II.

• 4 magistrados provenientes de la planilla II de la Corte de Apelaciones.

En la Comisión de Postulación de magistrados para Cortedeapelaciones: 14 personas. Estas personas son:

• 4 representantes de los decanos de Derecho de las universidades.

• 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• 4 representantes del gremio de abogados, provenientes de la Planilla II.

Grupo 3. Abogados vinculados con bufetes al servicio del capital tradicional.

Para la Comisión de Postulación de magistrados a Corte Suprema de Justicia: 9 personas. Estas personas son:

• 1 representante de los rectores de las Universidades, quien preside el proceso.

• 7 representantes de los decanos de las facultades de Derecho.

• 1 representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, provenientes de la Planilla IV.

En la Comisión de Postulación de magistrados para Corte de apelaciones: 8 personas. Estas personas son:

• 7 representantes de los decanos de Derecho de las universidades.

• 1 representante del gremio de abogados, proveniente de la Planilla IV.

Un postulante, para ser incorporado en cualquiera de las dos nóminas que se enviarán al Congreso de la República, necesita el voto favorable de al menos dos terceras partes de la Comisión que corresponda, cuyos totales de miembros son de 34 en cada caso. Necesita entonces de al menos 23 votos favorables para su persona.

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Por ende, es posible inferir, en primer lugar, que ninguno de los 3 grupos puede imponer un listado único de magistrados. En segundo lugar, que los grupos 1 y 2, al contar con al menos 12 votos en cada comisión, pueden vetar a cualquier postulante y que, al contrario, unidos sí pueden elaborar nómina consensuada. En tercer lugar, que el grupo 3 no puede imponer por sí solo a ningún postulante y que ni aún aliándose con cualquiera de los otros dos grupos ayudaría a que juntos tengan la cantidad necesaria para imponer nómina única.

Los anteriores datos nos sitúan ante los siguientes escenarios:

1. Que si los bloques se mantienen compactos, necesariamente habrá negociaciones entre todos los sectores a través de un sistema proporcional de repartos de casillas. En este caso, los listados finales se realizarían en negociaciones fuera de la luz pública y el proceso sería simplemente ritualismo.

2. Que alguna grupo se desintegre parcialmente, con lo cual sucedería el mismo escenario anterior, pero con diferentes porcentajes de repartos (favorables al grupo beneficiado con el traslado de comisionados).

3. Que hayan postulantes que por sí solos, por sus vínculos con dos e incluso con los tres grupos, puedan ser un consenso mínimo para ser incluidos en alguna nómina y que el reparto se realice entre las casillas restantes tal como se planteó en el escenario a).

4. Que los grupos 1 y 2 se repartan todas las casillas de forma proporcional a su caudal de votos en las comisiones respectivas y que dejen fuera a los comisionados del grupo 3.

5. Que el grupo 3 negocie protección con alguno de los otros dos grupos para evitar el escenario d).

Antes de concluir con este artículo, es importante hacer algunos apuntalamientos generales:

• Que estos escenarios están pensados sobre la base de las elecciones de los comisionados, por sus vínculos históricos y más o menos públicos. Por tanto, pueden romperse en el transcurso de los procesos (por conveniencias personales e incluso grupales) o bien puede haber ligeras variaciones que no es posible determinar sino hasta finalizar el proceso, cuando pueda evaluarse el voto sistemático de cada comisionado.

• Que estos esquemas son necesariamente férreos para su exposición pero que en la práctica no funcionarán absolutamente así. Esta el caso típico del comisionado que pertenece a un grupo determinado pero tiene amistades en otros grupos y recibe apoyo, no grupal pero sí personal de algunos comisionados. Igualmente sucede con el caso de rencillas entre abogados, por lo que no serían apoyados ni porque fueran propuestos por el grupo al que pertenece el comisionado reticente.

• Que según este esquema, un postulante sin militar en ninguno de los grupos antes dichos, no tiene acceso a ningún puesto. Necesariamente debe promocionarse frente a los líderes de los grupos o bien ante los comisionados, quienes en última instancia relativa independencia en casos concretos.

Las Comisiones de Postulación como mecanismos de selección de los más altos cargos dentro del poder judicial están cooptados por poderes fácticos desde su inicio. El resultado es magistrados que no representan a la ley ni a su libre convicción sino a los intereses de los poderosos. El llamado es urgente a garantizar el Estado de Derecho y para ello se requiere de reformas a los mecanismos de selección de jueces y magistrados. El modelo que da más oportunidades es la Carrera Judicial.

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