Antecedentes de la persecución política

Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez, junto a otros 7 comunitarios de Barillas fueron detenidos ilegalmente[1] el 02 de mayo de 2012, acusados del zafarrancho que se produjo la tarde anterior, luego del asesinato del campesino Andrés Francisco Miguel a manos de trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz.

El Estado de Sitio en Barillas fue el primer decreto Gubernativo del PP (1-2012). Desde entonces se habló de la existencia de presos políticos en Barillas, por la persecución política y tensión a la que están expuestos desde el 2008, así como por la violación al debido proceso desde el momento de su captura en 2012.

La palabra de la empresa estaba en entredicho, su responsable del Área Social, el capitán (r) Juan Garrido tenía vínculos con los sindicados del asesinato de Andrés Francisco Miguel.

El proceder del gobierno evidenció los intereses del PP en la región y en 10 días se vio obligado a levantar el Estado de Sitio.

En ese contexto de desgaste, personas de Barillas a nombre de la empresa Hidro Santa Cruz comenzaron a presionar a los presos y a sus esposas. Según cuenta el propio Rogelio Velásquez en una entrevista realizada previo a su segunda detención…

Gracias a Dios logré dominar la presión, por la familia, que necesitaba vivir. La empresa atacaba nuestra familia con amenazas, les decían que ellos ignoraban lo que había sucedido, que estaban a favor de nosotros después de que nos encarcelaron. Pero se dieron cuenta que en el caso de mi esposa no aceptaba ser amenazada e intimidada. Utilizando las amenazas y las mentiras consiguieron que dos compañeros firmaran con ellos, pero les mintieron y engañaron. (Voces del Rio: 2014, pp. 106)

Familia, abogados y organizaciones sociales acompañaron la denuncia a nivel nacional e internacional, cuestionando las presiones y falsas acusaciones de Hidro Santa Cruz, así como la carencia de pruebas por parte del MP.

Finalmente se logró comprobar la arbitrariedad del Estado y la subordinación empresarial que padece. Saúl y Rogelio regresaron a casa el 13 de enero de 2013, en medio de una celebración organizada por varias comunidades en el parque central de Barillas.

Las nuevas acusaciones contra Saúl y Rogelio

Siete meses más tarde, Saúl y Rogelio viajaron a la ciudad capital para asistir a la Audiencia de clausura del Caso Barillas. La diligencia fue suspendida ya que agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) detuvieron en las afueras de la Torre de Tribunales a Saúl y Rogelio, esta vez, sindicados de un linchamiento ocurrido en 2010. Desde el 27 de agosto de 2013 se encuentran nuevamente en asilamiento carcelario.

En una entrevista realizada el 23 de septiembre de 2014, Carmelia Mérida Sosa (esposa de Rogelio) cuestiona la persecución de la que es objeto nuevamente su marido:

Cuando él estuvo preso en 2012 hubieron unas personas que estaban con la empresa Hidro Santa Cruz y ellos andaban detrás de nosotras y detrás de ellos y decían que si el no aceptaba a la empresa o firmaba un convenio con la empresa, que este delito se lo iban a montar (…)

El delito al que hace mención Carmelia es el del linchamiento, más adelante se pregunta por qué tuvieron que pasar tres años para acusarlo y por qué precisamente lo detiene el día que se clausuraba su caso.

Según cuenta Rubén Herrera, ex-preso político por la defensa del territorio en Barillas, tanto Rogelio como Saúl…

Cuando salieron de la cárcel el año pasado (2013), regresaron a la organización comunitaria, a sus trabajos de albañilería y agricultura, no se dejaron intimidar por la empresa y eso les enojo más porque gastaron un montón de pisto y nada.

 

El Linchamiento de 2010

El 18 de agosto de 2010 a eso de las 18:30 pm, el auxiliar fiscal del MP y vecinos de la zona 6 del casco urbano de Barillas detuvieron a Mateo Diego Simón, acusado de haberse entrado a robar a la casa de doña Juanina Bernabé Hernández el domingo 15 de agosto de 2010 (Reporte del Inspector de la PNC, Fredy Rodolfo Tomás Carrillo).El 19 de agosto de 2010 a eso de las 9:30 am elementos de la PNC llevaban a Mateo Diego Simón al Juzgado de Paz. Al llegar a la entrada alrededor de 500 personas les impidió el paso y exigieron les fuera entregado Mateo Diego Simón para exhibirlo en el parque y que todo el pueblo supiera quien es el ladrón. El Juez de Paz, ante las amenazas accedió a entregar a Diego Simón, quien era acusado de robo agravado y esperaba ser enviado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia (Acta Judicial firmada por el Juez de Paz Lic. Antoni Yobany Pivaral de León y el Secretario Carlos Enrique Gómez Romero). Acto seguido… Los pobladores le dieron una golpiza y éste confesó que los objetos que robaba se los llevaba a la mujer, quien los vendía. Seguidamente, la muchedumbre saco de su casa a (Guadalupe Francisco) Felipe, y junto a Diego fue vapuleada y colgada en la baranda del puente sobre el rio Cambalan, en el lugar conocido como Poza Verde”. Nuestro Diario Pág. 3. 20/08/2010. Tanto Mateo Diego Simón como Guadalupe Francisco Felipe eran señalados de pertenecer a una red criminal que se dedicaba al robo de ropa típica, animales y aparatos eléctricos. Por estas acusaciones Mateo Diego Simón había sido expulsado de su comunidad años atrás. Por su parte, Candelaria Noemí Francisco Francisco, hija de doña Guadalupe Francisco narró como esa mañana un turba de aproximadamente 500 personas ingresó por la fuerza a su casa acusando de ladrona y secuestradora a su madre y luego de amenazar con quemar la vivienda, doña Guadalupe decidió salir, momento en el que fue vapuleada y amarrada de las manos y conducida junto a Diego Mateo Simón (quien también iba amarrado) hacia el parque central de Barillas y posteriormente fueron estrangulados en Poza Verde a eso de las 15:30 pm.

Candelaria Noemí Francisco Francisco se querelló en el caso de la muerte de su madre desde mediados de 2013. A partir de entonces ella testificó que de las 500 personas que se llevaron a su madre, identificó únicamente a dos personas: Saúl y Rogelio.

Otros testigos de la parte acusadora son 4 niños que se encontraban en esa casa y que presentaron declaración de anticipo de prueba en diciembre de 2013, teniendo en ese momento dos niños las edades de 6 años, otro de 10 y el ultimo de 11 años. Varios de los niños reconocieron a Saúl y Rogelio como los que se llevaron a Guadalupe Francisco, pero también reconocieron que antes de la audiencia se le entregaron fotos de los sindicados y que recibieron recomendaciones de sus familiares.

La defensa de Saúl y Rogelio argumentaron que los niños tendrían 3 años, 7 y 8 respectivamente cuando sucedieron los hechos y por tal razón su memoria estaba sujeta a ser manipulada por los mayores. Asimismo dejaron sentado que existía una Actividad Procesal Defectuosa ya que para diciembre de 2013 el MP debió fijar su acto conclusivo.

Últimamente han llegado a las afueras del Juzgado de Huehuetenango, más de una decena de mujeres que dicen apoyar a Guadalupe. Al ser consultadas, con excepción de la familia de la parte acusadora, el resto de mujeres no conocieron a Guadalupe y muchas de ellas son oriundas de Chiantla. Miembros de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) afirman que esto forma parte de una estrategia empresarial para acusar a Saúl y Rogelio de Femicidio.

Opiniones psicológicas sobre los Linchamientos

¿Por qué los niños y la señora Candelaria solo recuerdan a dos personas entre 500, aun cuando estas personas no eran conocidas por la familia de la occisa?, ¿Es posible individualizar personas en hecho tumultuoso?

Respuesta compleja. Los linchamientos –como herencia de guerra- son actos de suma violencia que por ningún motivo deben quedar en la impunidad. Sin embargo, como señala el Dr. Psiquiatra Rodolfo Kepfer en una situación de linchamiento, respecto a la individualización de los instigadores

Podríamos pensar que puede haber injerencias en crear ánimos de persecución, climas de expectativa y alarma, como lo que se comentaba de las iglesias y la Policía advirtiendo sobre robo de niños en Sumpango. (…) Definitivamente, es un fenómeno grupal y operan, en general, inconscientemente. La característica es que no hay conciencia individual, el grupo está sin cabeza. (…) Lo que se necesita es un disparador. Bien sea porque el futuro linchado es un delincuente o porque así lo considera el grupo tras haberse propagado un rumor.

El mismo Kepfer fue propuesto como perito para el caso del preso político Ramiro Choc, detenido el 14 de febrero de 2008 acusado de dirigir una turba para despojar de sus armas a varios policías y de usurpar tierras de una supuesta dueña. En esa ocasión, Kepfer ratificó que en un hecho tumultuoso es complicado individualizar penalmente a un instigador, situación por la cual Ramiro fue absuelto de ese delito, mas no así del de robo agravado y fue condenado a pasar 6 años en la cárcel.

Lamentablemente como señaló recientemente el psicólogo Marcelo Colussi, lo que si queda claro es que estos hechos afectan mayoritariamente a las clases populares y forman parte de la militarización cultural de la población mayoritariamente indígena…

Quienes continúan poniendo los muertos siguen siendo los mismos que sufrieron lo peor de la represión en años pasados, y quienes históricamente han estado alejados de los beneficios de un desarrollo equitativo que hace de Guatemala un país de enormes contrastes”

En Barillas no se reporta ningún linchamiento entre 2004-2009. No obstante de 2010 a 2013 se reportaron 11 linchamientos. Todos ocurridos por acusaciones intra-comunitarias y por robos que no son millonarios o que atentan a las familias pudientes de Barillas.

Siguiendo a Colussi…

nunca se lincha a un funcionario que roba parte del presupuesto, por ejemplo, o un personaje ligado al gran crimen organizado, todos los cuales no vienen de esos sectores marginados y empobrecidos. Y jamás –¡esto es impensable!– se lincharía a un empresario o a un patrón de finca, por más explotadores que sean«

En un linchamiento florecen las frustraciones de cada sujeto que ha sufrido la violencia común y estructural del estado guatemalteco y que no ha logrado obtener justicia. La persona linchada personifica todos los males y el tumulto se convierte en un tribunal de fuero especial. La mayoría de lugares con mayor índice de linchamientos son los lugares donde mayores masacres perpetró el Ejército de Guatemala. Por donde se le vea, un linchamiento es un acto que le reclama al Estado su ausencia o su parcialidad para determinados actores con poder.

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[1]     Las 9 capturas en menos de 24 horas evidenció que habían listas negras con los nombres de liderazgos comunitarios que se resisten a la explotación minera e hidroeléctrica sobre la cuenca del rio q’an balam. Fueron detenidos por civiles armados que no llevaban orden de juez para realizar allanamientos, ni órdenes de captura para consignar a los comunitarios. En otros casos, fueron familias pro-hidroeléctrica quienes efectuaron las detenciones y fueron llevados a la policía y ejercito que se encontraba acantonada en Barillas. Los argumentos de Gobernación se resumían a que el presidente en Consejo de Ministros había impuesto un Estado de Sitio desde el 1 de mayo que les facultaba a realizar este tipo de capturas, sin embargo el decreto fue ratificado por el Congreso de la Republica hasta el 08 de mayo de 2012.