Caso integrantes del Centro de Medios Independientes-Guatemala vs. miembros del proyecto minero El Tambor I (Kappes, Cassiday & Associates)

Por Rodrigo Véliz Estrada (CMI-G)

Considero que los pilares sobre los que se sostiene cualquier organización o persona que crea en la imperiosa necesidad de la difusión e intercambio democrático de la información, como el trabajo que realiza el Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G), están el derecho a que las personas sean informadas y el de la libre expresión para hacerlo. Sin estos derechos en pleno cumplimiento, la labor que se realiza sería imposible de ejecutar. Y es con estos derechos que se ejerce la labor de intentar colaborar en que la información que no está siendo publicada en los medios corporativos de comunicación, vital para comprender la dinámica política del país, pueda llegar a una mayor cantidad de personas.

Estoy seguro que sólo de esta manera, con una población cada vez más y mejor informada, es posible mejorar el carácter democrático de nuestra sociedad. De otra manera estamos condenados a seguir en el sentido común cavernario que nos han legado décadas de dictaduras de todo tipo, cuya característica en común, entre varias que guardan, ha sido vedar la capacidad de diálogo y debate, elemento vital para la construcción de personas conscientes del entorno social y político que les rodea.

Este fundamental precepto ha encontrado una respuesta abusiva y autoritaria de parte de empresas, grupos de seguridad, medios corporativos de información e instancias estatales.

Un ejemplo de eso fueron las agresiones que se desataron por miembros del proyecto minero El Tambor I, de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A y Servicios Mineros del Centro de América S.A. (subsidiarias de la transnacional estadounidense Kappes, Cassiday & Associates), en contra de tres miembros del CMI-G y otros comunicadores sociales del Comité de Unidad Campesina (CUC) y de Uk’ux B’e.

.

El ataque se dio en noviembre del 2012, de parte del ex teniente Pablo Silas Orozco, ejecutivo de Servicios Mineros del Centro de América, y de Juan José Reyes Carrera, contratista. En esa ocasión, el CMI-G y otros comunicadores estaban cubriendo una toma pacífica de parte de pobladores de La Puya, en el municipio de San José del Golfo, departamento de Guatemala, donde se encuentra ubicado el mencionado proyecto minero.

Como es sabido, en ese noviembre se cumplía un año desde que a la empresa minera se le concedió permiso para explotación. Desde entonces, sin embargo, no han podido activar su producción. Esto se ha debido a la resistencia pacífica que han abanderado varias comunidades de San Pedro Ayampuc y de San José el Golfo. Según la Ley de Minería, si luego de un año de concedida la licencia de explotación la empresa no ha arrancado aún operaciones, su licencia debería ser cancelada.

Este es uno de muchos casos en donde los proyectos de reorganización productiva, planteados con fuerza desde los grupos económicos y los gobiernos de turno durante los últimos nueve años, han encontrado un freno gracias al trabajo de oposición de municipios enteros.

La coyuntura de noviembre para la minera, y este contexto de tensión social y político, explica en parte la agresiva agitación que llevaron los personeros de la empresa, contrastada de manera ejemplar por los cantos pacíficos de la población, como puede observarse en el siguiente video.

La labor de los medios independientes, ante la ausencia de los medios corporativos de información en una situación de esta importancia y naturaleza, en este momento de tensión y abusos políticos, fue encaminada a informar lo que en esos días ocurría. El video es claro en esto, y en la negativa propia a responder a las amenazas.

Fueron estas amenazas las que obligaron a los comunicadores agredidos, en total acuerdo con la defensa de los ya mencionados derechos, y con el deseo de no ceder ante la actitud autoritaria y arbitraria que históricamente nos ha atravesado como país,a poner una denuncia en contra de Silas Orozco y Reyes Carrera. Acompañando el proceso está la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas y, en muestra de sincera solidaridad, la organización Madre Selva.

Los delitos que se le imputan a los acusados son los de Amenazas y Coacción.

En la primera convocatoria a audiencia, con el fin de conocer el caso, los acusados estuvieron acompañados del dueño de la subsidiaria minera, el ex coronel Figueroa Archila.

Esto significa, de manera transparente, que las acciones de amenazas y provocaciones realizadas por los miembros de seguridad de la minera están siendo respaldadas, de cabo a cabo, por la misma empresa minera. Ellos defienden, con su presencia, el abuso en contra de la libertad de informar y expresarse.

Pero más sorprendente fue la llegada de la nueva defensa de los acusados. Acompañándolos al juzgado llegó Fernando Linares Beltranena. Nos gustaría realizar una breve exposición de las relaciones y casos llevados por Linares Beltranena para evidenciar el tipo de conexiones que tiene la minera, ya parcialmente mostrado con la presencia de ex-militares en las filas de su seguridad.

Si bien la familia de Linares Beltranena no es una red troncal de la composición oligárquica del país, si tiene vasos comunicantes con ellas. Su familia cuenta con un pasado marcado por el anticomunismo, como lo ejemplifica uno de sus tíos, Luis Beltranena Valladares. Fundador de la Universidad Francisco Marroquín, se exilió en la Cuba del dictador Batista durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Posteriormente, con el triunfo de la revolución cubana y la intervención norteamericana y la traición del ejército en Guatemala, regresó al país.

Pero estas no son las únicas conexiones de Linares Beltranena. También las tiene con el narcotráfico y otras redes ocultas de poder, como puede constatarse en los casos que ha llevado:

• John Hugh Watterer (estadounidense) en 1991. Caso “Tio Juan”. Fundador y Director del “Hogar Mi Casa” acusado de abusos sexuales contra niños de la calle. Ya desde la década de 1980, Linares Beltranena apoyaba las adopciones de niñez guatemalteca en el extranjero. A principios de la década de 1990, Linares Beltranena fue nombrado Fiscal Especial de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dirigida en ese entonces por Acisclo Valladares Molina, en el caso de la monja ursulina, Diana Ortíz, secuestrada y ultrajada por militares. Por ese caso a Linares Beltranenta se le señaló de encubrir a los responsables y desviar la investigación.

• Peter Paul Zink III (estadounidense) en 1999. Zink III esta considerado uno de los “diez mas buscados” por el gobierno de Estados Unidos y fue capturado en Guatemala por las acusaciones de tráfico de drogas en su contra.

• Silvio Giovanoli, Frank Schilling (alemán) y Nicholas y Andreas Haenggi (suizos) a finales de la década de 1990 y principios del 2000. Caso “Conexión Alemana”. Sentenciados por tráfico internacional de drogras. Andreas Haenggi era antiguo gerente de la compañia Nestlé en Guatemala.

• Gral. retirado Francisco Ortega Menaldo. Investigado por el Ministerio Público (MP) por los delitos de narcotráfico y contrabando junto a otros cuatro militares. Se le considera el líder de la estructura paralela de inteligencia y contrainteligencia denominada “La Cofradía”. En agosto de 2002 Estados Unidos le retiró la visa.

• Gral. Humberto Mejía Víctores, expresidente de facto (1983-1985). Proceso de extradición solicitado por la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio y tortura sistemática.

• Manuel Castillo alías “Manolito”, ex-diputado de Jutiapa por la UNE. Capturado por ser acusado de participar como uno de los autores intelectuales en el caso del asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) ocurrido en febrero de 2007. Manolito Castillo es considerado un capo del narcotráfico y de realizar “tumbes” de droga.

• Nicolaid Julio Ibarra Figueredo y Juan Miguel Fuxet Ciani. En 2010 fueron capturados por ser acusados del encubrimiento del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, obstrucción de la justicia por la campaña de destrucción mediatica tendida contra la CICIG, destrucción de evidencia y credibilidad.

Con este trasfondo personal, es claro que su presencia en la sala de tribunales iba encaminada, en parte, a intimidar al juez que llevaba el caso.

Para inicios de julio estaba agendada la primera audiencia de primera declaración (Proceso 01186-2013-010) en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en la ciudad capital.

Pero para sorpresa de la minera y los acusados, el juez no se dejó intimidar por la presencia de tan escalofriantes personajes. El juez consideró que lo que estaba en juego eran los derechos antes aludidos, y consideró inválidos los argumentos de Linares Beltranena, que justificaba la agresividad de los acusados por una supuesta provocación que habían realizado los comunicadores sociales al tomar fotografías y grabar la belicosa forma como se dirigía la seguridad de la mina en contra de la población.

Por esto quedaron los acusados Silas Orozco y Reyes Carrera ligados a proceso. Según Bastos y de León, «el juez pasó a ordenar cárcel domiciliar, prohibición para salir del país, caución económica y la orden de firmar el libro de actas en la fiscalía del Ministerio Público cada quince días». La siguiente parte del proceso es el intermedio, y está fechada para el dos de octubre de este año. Mientras tanto, el MP debe recopilar todas las pruebas que tengan a la mano para presentarlas ante el juez, quien tendrá que decidir si son suficientes como para abrir un juicio.

Esta es una pequeña victoria dentro del sistema de justicia guatemalteco, que demuestra que la independencia de los juzgados puede existir. El proceso aún no acaba y muchas cosas pueden aún ocurrir.

Les rogamos mantenerse informados.